El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha aprobado hoy en sesión extraordinaria la actualización completa del Plan de Emergencia Municipal  (PEM) de la ciudad y los procedimientos de alerta y movilización de medios y recursos para ello, dando traslado a la Comisión de Protección Civil de Andalucía para su homologación.

El documento, de amplio consenso municipal y coordinado entre los distintos servicios y entes locales participantes, sustituye al actual (2003) y contempla acciones específicas a través de revisiones, comprobaciones, ejercicios y simulacros, así como la actualización de la información y actividades de información para mantenerlo en vigencia y garantizar su permanente adecuación y capacidad de respuesta.

Desde este nuevo PEM se integran todos los planes de autoprotección de edificios públicos y establecimientos de pública concurrencia, así como los planes de emergencia que se elaboren para eventos multitudinarios, sirviendo además de base para los Planes de Acciones Locales (inundaciones, industrias químicas e incendios forestales o poblacionales).

El principal objetivo del plan es obtener la máxima protección para las personas, el medio ambiente y los bienes que puedan resultar afectados en cualquier situación de emergencia, estableciendo para ello una estructura de organización jerárquica y funcional de los medios y recursos, tanto públicos como privados, que permita hacer frente a situaciones de riesgo o emergencia grave.

El PEM es una estructura organizativa para el ámbito territorial local con dirección única donde todos los servicios implicados (desde bomberos y salvamento, a fuerzas de seguridad, grupos sanitarios, acción social, voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, y representantes de urbanismo, servicios urbanos, medio ambiente, tráfico y transportes, etc.) tienen su distribución, funciones y coordinación detalladas.

Este plan tiene una amplia documentación al respecto y pormenoriza la identificación y los análisis de riesgos con medidas específicas de actuación, protocolos, logística con catalogación de medios y recursos, y operatividad en la gestión entre los distintos niveles de planificación.

De hecho, incluye informes poblacionales, medioambientales e industriales como características propias de Alcalá de Guadaíra, con más de 75.000 habitantes y muchas citas multitudinarias, amplias zonas patrimoniales y verdes incluyendo el Monumento Natural Riberas del Guadaíra y una extensión considerable de polígonos industriales con empresas de diversa índole que le otorgan especiales características.

Tal es así que se especifica incluso factores de peligrosidad, con catalogación de elementos vulnerables y mapas de riesgos, mayoritariamente bajos en los referido a cuestiones generales como factores sísmicos, geológicos, de atentados, de redes de suministros o de incendios forestales, y medios en referencia a la cantidad de población, por ejemplo en accidentes de tráfico, incendios poblacionales o grandes concentraciones, así como en lo referido al área industrial, también en la media en incendios industriales, y posibles riesgos de transporte de mercancía o derrame de vertidos, llegándose únicamente a ser más común el de las acumulaciones urbanas de agua.

El PEM contempla asimismo la participación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil), así como la incorporación de cuantas autoridades o colaboraciones externas se estime oportuno en razón de la emergencia; el proceso de declaración de la emergencia local, así como  su adaptación en caso de que la emergencia superase el ámbito local; y por supuesto las mejoras para la implantación de las renovaciones, como la adecuación de medios y procedimientos o los programas de formación específicos para los diferentes integrantes.

En este último sentido, con la aprobación definitiva se realizará formación especifica sobre el mismo, planes de actuación conjunta y simulacros para comprobar sobre el terreno los protocolos de actuación en distintas situaciones de riesgo, evaluar la efectividad de los mismos y mejorar los procesos, comprobando lo que ha funcionado bien, los posibles errores y aquellas otras pautas que pueden ser susceptibles de mejoras. Todo en aras de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos y anticipar la actuación ante posibles riesgos potenciales que pudieran suponer un riesgo para la integridad física de las personas, daños en los bienes y protección medioambiental.