El Ayuntamiento ha alcanzado un convenio con la Junta de Andalucía en el marco del plan andaluz para mitigar los efectos de los recortes del Ejecutivo central en materia de dependencia. El acuerdo permitirá mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. Para la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, supone un "gran paso adelante en la aplicación de políticas efectivas para atender las necesidades de aquellas vecinas y vecinos que peor lo están pasando".

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha rubricado un acuerdo con el Consistorio alcalareño dentro del plan aprobado por el Consejo de Gobierno para mitigar los efectos de los recortes del Ejecutivo central a Andalucía en materia de dependencia y avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida reduciendo los tiempos de respuesta. Según la consejera, este acuerdo permitirá mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, y ha reconocido “el importante desarrollo que está teniendo el sistema de dependencia en nuestra comunidad gracias al papel de las corporaciones locales, ya que son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios, de ahí que reforcemos la colaboración entre la Junta y las corporaciones locales”.

La alcaldesa de Alcalá por su parte ha destacado el acierto del compromiso municipalista de la Junta de Andalucía porque "el ayuntamiento es la administración más cercana y por tanto la que mejor respuesta puede dar en los casos de dependencia con los que trabajamos a diario. Conocemos cuáles son sus condiciones y qué vecinas y vecinos necesitan de la ayuda de todos por su especial situación de necesidad. Su atención ha de obedecer a una corresponsabilidad de todas las administraciones competentes en este campo".

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha insistido en que, con estas medidas, se pretende contrarrestar los recortes del Gobierno central en los últimos años, que se cuantifican en 625 millones de euros desde 2012. Además, ha denunciado que los Presupuestos Generales del Estados suponen “de nuevo, una dejadez del Sistema de Dependencia, a los que se suman otros 17 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que permitiría atender a 105.000 personas más en Andalucía”.

La nueva estrategia, de carácter anual, cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros que permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de 2017, (alrededor de 47.000 en la provincia de Sevilla) La consejera ha informado de que desde la puesta en marcha de este Plan, se han incorporado al sistema 11.024 personas (3.771 en la provincia de Sevilla) con un total de 14.358 prestaciones (4.559 en Sevilla)

A fecha de 31 de mayo, Andalucía cuenta con 186.300 personas en situación de dependencia (37.518 en la provincia de Sevilla) que se benefician de 238.800 prestaciones (36.764 en la provincia de 48.399)

Centros de Participación Activa

La consejera ha subrayado también que este acuerdo supone un importante avance para la incorporación de las personas con dependencia moderada reconocida, ya que, entre otras medidas, se potenciará la utilización de la red de Centros de Participación Activa (más de 900 en toda Andalucía), tanto los gestionados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (168 en Andalucía, 32 en la provincia de Sevilla) como por las Corporaciones Locales, para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia. “Todo ello con el fin de alcanzar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida”, ha destacado Sánchez Rubio.

Este acuerdo establece que los servicios que pondrán en marcha las Corporaciones Locales se prestarán mediante la realización de programas y actividades grupales de carácter preventivo y actividades ocupacionales, orientadas a mantener o mejorar la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, evitar la aparición de limitaciones en la actividad, potenciar el desarrollo personal y la integración social, fomentando y desarrollando las capacidades comunicativas y de interrelación personal, generación de grupos y otras habilidades sociales.

La norma plantea que las Corporaciones Locales garantizarán el acceso a las actividades grupales que se programen a las personas que tengan prescritos los servicios en su Programa Individual de Atención. Estas actividades se deben diseñar y realizar atendiendo a las necesidades de mujeres y hombres, sobre todo en lo relativo a la organización de espacios, horarios y contenido de las actividades programadas, así como atendiendo específicamente las necesidades de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

La financiación de dichas actividades correrá a cargo de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, quien consignará anualmente en sus Presupuestos el crédito adecuado y suficiente para la financiación de los servicios.